El Proceso de Reorganización Nacional fue el nombre de un movimiento dictatorial militar en Argentina que hizo las veces de gobierno tras el golpe de estado ocurrido el 24 de marzo del año 1976. Este golpe de estado acabó con el gobierno constitucional presidido por María Estela Martínez de Perón, y tuvo su final el 10 de diciembre del año 1983, momento en el cual fue elegido Raúl Alfonsín, miembro de los radicales, como cabeza de gobierno.
Este período de tiempo en que el Proceso de Reorganización Nacional ostentaba el poder fue conocido como el Proceso, y se trata de la etapa dictatorial más dura y sangrienta de toda la historia de Argentina , recurriendo frecuentemente al terrorismo de estado y violando los derechos humanos. Por otra parte, también era muy frecuente la muerte y desaparición de personas contrarias al régimen establecido.
Los bebés eran a menudo robados además de que no se garantizaban los mínimos derechos, produciéndose crímenes de absoluta violencia.
En la actualidad, algunos de los responsables de esta etapa de Argentina ya están cumpliendo condena, aunque lo cierto es que todavía queda un duro camino por delante y muchos juicios que resolver.
Este mismo gobierno comenzó en el año 1982 la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, pero al ser derrotados por éstos, hizo que la tercera junta militar cayese. Poco después de formar la cuarta junta militar, se convocaron elecciones para el 30 de octubre del año 1983 las cuales ganó Raúl Alfonsín, miembro de la Unión Cívica Radical.
Alfonsín creó entonces lo que se conoce como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas con el objetivo de esclarecer los hechos y las violaciones de los derechos humanos ocurridos entre los años 1976 y 1983 de manos del Proceso de Reorganización Nacional, llevando a la justicia a los miembros de las tres primeras juntas para que pagasen por sus delitos.
En el año 1989, el entonces presidente Carlos Menem dio varios indultos a distintos integrantes del Proceso de Reorganización Nacional. Esto hizo que los familiares de las personas desaparecidas buscasen apoyo en el exterior, dando lugar a la apertura de procesos penales contra miembros que habían huido en España, Alemania, Italia y Francia.
Debido a las iniciativas del presidente Néstor Kirchner, en el año 2003 se creó el Congreso de la República Argentina que derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían que estos protagonistas fueran exculpados o indultados, por lo que de nuevo se reabrieron las causas penales.